Rosario: la empresa todavía no pagó la multa ni hubo condenas por la explosión de gas que dejó 22 muertos

El 6 agosto de 2013 Carlos García, un gasista matriculado, trabajaba en el edificio de Salta 2141 junto con su asistente en una vieja válvula y fue ahí donde comenzó el horror. Más de tres años después, la Justicia aún no determinó cuáles fueron las causas y de quiénes son las responsabilidades penales. El camino de la causa es lento. La explosión ocurrió el 6 de agosto de 2013. El procesamiento se dictó luego de la primera parte de la investigación judicial, el 27 de febrero de 2014. El 26 de agosto de 2015 se elevó la causa a juicio oral, es decir que desde entonces, casi dos años, está a la espera de que se haga el juicio. La fiscal del caso, Graciela Argüelles, espera que se concrete en la primera mitad de 2017.

Además de la causa penal por las responsabilidades de cada uno, hay un caso administrativo. En abril de 2014 el Enargas, a cargo de que las diferentes empresas de gas cumplan con las regulaciones y obligaciones, sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas SA por encontrarla responsable de 13 faltas graves por la explosión ocurrida en Salta 2141. El organismo de control le imputó incumplimientos a la concesionaria y aplicó las máximas sanciones económicas derivadas de la investigación administrativa: $500 mil pesos para cada incumplimiento. Ni bien se conoció la resolución, Litoral Gas la consideró “injusta” y lo resuelto por el ente de control del servicio fue cuestionado ante la Justicia. El caso llegó hasta la Cámara de Apelaciones Federal, que ratificó la multa el 2 de febrero último. Queda sólo la decisión de la Corte Suprema, ante quien la empresa presentó el reclamo el 3 de marzo de 2017. De acuerdo con la empresa, el problema fue del consorcio y el gasista, como ciudadanos privados, que trabajaron sin tomar las medidas necesarias.

Lo cierto es que, desde entonces, quedó expuesta una problemática peligrosa a la que se le daba la espalda: Litoral Gas SA no exige a fondo, el Estado tampoco, y -según la empresa- hay edificios enteros fuera de la ley porque no cumplen con las normas establecidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en 1991 y hay muy poco control.

Mirá esta investigación sobre la situación del gas en Rosario.