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¿Cumplió Macri lo que prometió en la apertura de sesiones del Congreso de 2016? (Nota II)

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Chequeado analizó el grado de avance de las promesas que hizo el Presidente ante el Parlamento. De 18 compromisos, el resultado fue que nueve fueron cumplidos, seis están en proceso y tres se encuentran incumplidos.

A un año del primer discurso del presidente Mauricio Macri ante el Congreso nacional, Chequeado analizó 18 promesas que hizo el Jefe de Estado en la apertura de sesiones ordinarias de 2016. El resultado fue que nueve fueron cumplidas, seis están en proceso y tres se encuentran incumplidas.

El viernes último presentamos diez promesas de Macri verificadas, y en esta segunda nota presentamos otras ocho. El próximo miércoles, a partir de las 11:30 horas y por quinto año consecutivo, el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios, el segundo discurso de Macri ante el Congreso.

– “La principal medida fue ir bajando el déficit fiscal”.

INCUMPLIDA

El déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un Estado, puede medirse según varios criterios. Sin embargo, “el más relevante es el resultado financiero, o sea el superávit o déficit fiscal o público”, según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional que publicó en 2003 el Ministerio de Economía de la Nación.

En este sentido, según la serie estadística de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de 2016 fue 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Los datos surgen de la Oficina Nacional de Presupuesto y del nuevo INDEC que conduce Jorge Todesca, que recalculó el producto del país desde 2004 hasta el último año.

El Gobierno anunció que el déficit de 2016 fue del 4,6% del PBI y se había ubicado por debajo de la meta fiscal del 4,8 por ciento. Igualmente, estas cifras responden, cómo se ve en esta nota, a una metodología nueva que no se encuentra alineada con los estándares internacionales.

Al mirar la serie estadística anterior, el último año fue para la ASAP el de mayor déficit financiero de los últimos 12 años, seguido de cerca por los valores que se registraron en 2014 (-4,2%) y en 2015 (-3,7%).

Respecto del aumento que hubo entre 2015 y 2016, Rafael Flores, titular de la ASAP, explicó a este medio que “en los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto se imputó un fuerte aumento de intereses (figuran $300 mil millones) que se han registrado en el último mes de 2016. Además, hay que considerar que se pagaron casi $60 mil millones de gastos no registrados en 2015”, como señalan desde el Gobierno, destacó.

Si se quitan esos $60 mil millones de gastos no registrados y se imputan a 2015, los porcentajes del último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y de 2016 varían pero, de todas maneras, muestran que durante el primer año de gestión de Macri aumentó el déficit fiscal. Puntualmente, pasó de 4,8% en 2015 a 5,3% en 2016.

– “Hace falta regular la subrogancia de los jueces”.

EN PROCESO, DEMORADA

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación envió en septiembre de 2016 un proyecto al Congreso que regula la designación de jueces subrogantes, es decir, magistrados suplentes que cumplen funciones en juzgados que se encuentran vacantes. Sin embargo, al final del año legislativo ese proyecto aún se encontraba en la Comisión de Justicia -presidida por el diputado Diego Mestre (UCR) y donde el bloque de Cambiemos tiene mayoría- de la Cámara de Diputados, sin avances.

Hasta el momento continúa vigente la Ley 27.145, impulsada por el kirchnerismo en 2015, que estableció un nuevo régimen de subrogancias. Sin embargo, esta ley no se aplica porque fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pocos meses de su sanción. En aquel fallo (“Uriarte”), la Corte fijó un nuevo régimen de designaciones hasta tanto no se sancione una ley que cumpla con los criterios que estableció en ese fallo.

– “Reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”.

EN PROCESO, DEMORADA

A principios de abril de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En octubre último, este proyecto, sumado a otros de la oposición, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por oposición de sectores del propio bloque de Cambiemos, como la diputada Elisa Carrió, el Gobierno frenó el proyecto, que ni siquiera llegó a obtener media sanción en la Cámara baja.

Uno de los principales puntos de objeción fue la limitación de la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que, según el proyecto, se limitaría a cinco años y sería aplicable a la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien el Gobierno nacional busca desplazar.

– “Impulsaremos una ambiciosa reforma política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las principales reformas: terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral”.

EN PROCESO, ADELANTADA

En junio de 2016 y en línea con lo prometido, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma electoral, que entre otras cosas incorporaba la boleta electrónica y terminaba con las colectoras y candidaturas múltiples. El texto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue incluido para ser tratado por el Senado en las sesiones extraordinarias de fin de año. Sin embargo, el trámite fue frenado por el bloque del Frente para la Victoria (FpV), principalmente en base a las objeciones sobre la seguridad y la posibilidad de vulnerar el sistema electrónico.

Es de esperar que oportunamente la media sanción se transforme en ley, atendiendo a los tiempos y a los plazos razonables, y que en el próximo período de sesiones el Congreso de la Nación pueda encontrar los acuerdos necesarios para dar respuesta a esa demanda que, desde hace años, la ciudadanía reclama a la política”, escribió sobre el tema Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, en una columna publicada en el diario Clarín.

– “Proyectos como (…) el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado tienen que estar entre las prioridades de este Congreso”.

EN PROCESO, ADELANTADA

En junio de 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que reglamentaba la extinción de dominio (figura que permite separar legalmente los bienes de la persona) y el decomiso de bienes provenientes del crimen. En noviembre último, el Senado aprobó el dictamen de Comisión de dicha normativa, aunque introdujo modificaciones. Igualmente, la Cámara alta -donde el Frente para la Victoria tiene mayoría- todavía no trató el tema en el recinto y de aprobarse debería volver a Diputados.

Como se señaló en esta nota, el proyecto que se votó en la Cámara baja establece que la recuperación de los bienes la definirá un juez civil, en un proceso independiente de la Justicia penal que determina la culpabilidad de la persona investigada. Una de las modificaciones más importantes que se realizaron en el Senado es que la recuperación de los bienes permanezca en el fuero penal.

Algunos de los cuestionamientos surgieron del hecho de que la extinción de dominio sería una pena que se le impone a la persona antes de que su culpabilidad esté probada, algo que va en contra del principio constitucional de inocencia. Para quienes lo defienden, sin embargo, no sería técnicamente un castigo, sino que se trataría de una forma de reparar un daño. Probar un daño en sede civil suele ser más sencillo que acreditar la comisión de un delito y la culpabilidad de una persona en sede penal.

– “Proyectos como (…) la ley del arrepentido tienen que estar entre las prioridades de este Congreso”

CUMPLIDA

En octubre de 2016, la Cámara baja aprobó el proyecto que incorpora la figura del arrepentido para algunos delitos del Código Penal de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional había enviado su propio proyecto en abril último, pero finalmente en el debate de comisiones se impuso un dictamen, con apoyo del oficialismo, basado en distintos proyectos anteriores presentados, entre otros, por los diputados Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador).

La ley unifica la figura del arrepentido para los delitos de narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, secuestros, asociación ilícita, delitos económicos y los que se los suele llamar delitos de corrupción (cohecho o enriquecimiento ilícito, entre otros).

– “Aumentamos el 160% el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que dejen de pagarlo quienes no corresponde que lo hagan (…) el complemento imprescindible de las escalas deberá ser tratado por el Congreso lo antes posible”.

CUMPLIDA

Si bien durante la campaña Macri había dicho que en su gobierno “los trabajadores no [ib]an a pagar impuesto a las Ganancias”, algo que no se cumplió, la gestión de Cambiemos sí realizó modificaciones al tributo. En febrero de 2016 el Presidente firmó un decreto que incrementó el mínimo no imponible, por lo que hubo personas que dejaron de estar alcanzadas por Ganancias, aunque el número total creció porque empezaron a tributar otras que antes estaban exentas por un decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (que, según los expertos, distorsionó el sistema) por más que cobraran lo mismo que otros que sí pagaban.

En esa oportunidad se señaló que aun quedaba pendiente modificar las escalas del impuesto, lo que anunció Macri en la apertura de sesiones. El cambio no avanzó en el periodo ordinario del Congreso, pero sí fue incluido para las sesiones extraordinarias. Finalmente en diciembre último se convirtió en ley un proyecto acordado entre el Gobierno nacional, representantes de la oposición, de los sindicatos y gobernadores provinciales que, entre otras cosas, modificó las escalas. “En el nuevo esquema las modificaciones en los tramos serán mucho más moderadas [que la propuesta inicial del Gobierno]”, analizó entonces el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

– “Vamos a presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los tres años”.

CUMPLIDA

En mayo de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley para declarar obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de tres años. Después de su paso por distintas comisiones, el texto fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados en noviembre último. A pesar de estar incluido en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para el mes de diciembre, finalmente el proyecto no fue tratado en el recinto del Senado.

De aprobarse la iniciativa, el Estado deberá garantizar la oferta, y las familias, a su vez, tendrán que enviar a sus hijos de tres años al jardín de infantes, como parte de la educación obligatoria. Una de las principales modificaciones que se realizó en el recinto de la Cámara baja, a pedido de la oposición, fue la incorporación del compromiso del Estado nacional de proveer financiamiento de los gastos corrientes para la implementación de la ley.

 

Para ver el análisis de las primeras 10 promesas de Macri en su discurso ante el Congreso hace click acá.

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4 Respuestas

  1. Pocho dice:

    A todas luces, un gobierno excelente.

  2. Antonio Perez Abella dice:

    Le dan como cumplido el tema impuesto a las ganancias?, vamos muchachos ustedes supieron ser neutrales, dejemos de joder…. ni a engañoso llega.
    Saludos.

  3. Luis Torres dice:

    Con todos los problemas que heredó y el estado ruinoso en que estaba la economía y la institucionalidad, creo que su desempeño es bueno.

  4. Luis Torres dice:

    Ahhh…además le quedan casi tres años para cumplir…

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