En medio del conflicto con el Poder Judicial, qué se hizo durante la gestión de Marcela Losardo como ministra

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció el último lunes en una entrevista con “Minuto Uno” -programa que se emite por el canal C5N- que la ministra de Justicia nacional, Marcela Losardo, no seguirá en el cargo y que está buscando su reemplazante, como habían anunciado Clarín y La Nación el último fin de semana. “Marcela me ha planteado y ya me lo venía planteando de antes que ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud. Fundamentalmente, más que otra actitud, porque la verdad que el compromiso de Marcela es absoluto, (…) la verdad que está agobiada”, dijo el Presidente.

La gestión de Losardo al frente del Ministerio de Justicia de la Nación transitó en un contexto de enfrentamientos entre el gobierno del Frente de Todos -cuya vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está procesada en 10 causas por delitos de corrupción- y el Poder Judicial. Además, se originaron diferentes frentes de disputa con magistrados desde el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, y la Cámara de Diputados de la Nación. En este último caso, una diputada nacional presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Todos estos hechos repercutieron directa o indirectamente en el área a cargo de Losardo (y de las iniciativas para reformar la Justicia). Presentamos un repaso de lo que pasó en 15 meses de gestión en base a hechos y datos.

Reforma judicial

El 30 de julio último, en plena curva ascendente de la cantidad de infectados y fallecidos por el coronavirus SARS-CoV-2, Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma judicial. En su tratamiento legislativo recibió algunas modificaciones, pero la propuesta tiene 4 ejes centrales:

-La fusión del fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, para la creación de un nuevo fuero con 46 juzgados de primera instancia.
-La creación de un Tribunal de Resolución de Conflictos para dirimir los conflictos de competencia entre el fuero Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal.
-La puesta en marcha en todo el país del sistema acusatorio, que ya está vigente en algunas provincias.
-La transferencia total de la Justicia penal ordinaria a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa recibió media sanción del Senado en agosto último, pero aún no fue tratada por la Cámara de Diputados de la Nación por falta de mayoría.

En aquella presentación de Fernández, también se anunció la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, un cuerpo destinado a proponer reformas para la Justicia. El 1° de marzo último, Fernández anunció el envío al Congreso de 4 nuevos proyectos de ley que surgen de las recomendaciones que elaboró este Consejo.

Reforma del Ministerio Público

Además de la reforma judicial, el oficialismo encaró en materia legislativa una reforma del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa abarca muchos aspectos, pero tiene 3 modificaciones centrales:

-Una limitación a 5 años del mandato del Procurador General (actualmente el cargo es vitalicio), con posibilidad de una reelección con nuevo acuerdo del Senado.
-Una modificación clave al método de selección del Procurador: ya no serían necesarios los 2 tercios de los votos del Senado, sino una mayoría absoluta.
-También propone cambios respecto de la remoción: actualmente la Cámara de Diputados, por mayoría especial de 2 tercios, acusa al Procurador ante el Senado de la Nación, quien también por mayoría de 2 tercios lo juzga en juicio político. El proyecto propone que en Diputados alcance una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político.

De todas maneras, este no es un proyecto del Ejecutivo ni del Ministerio a cargo de Losardo. Se trata de una iniciativa que impulsó el Frente de Todos en la Cámara alta tomando varios proyectos que habían presentado senadores oficialistas y opositores en los últimos años. Al igual que ocurrió con la reforma judicial, este proyecto se aprobó en el Senado, pero no se trató en Diputados.

Un nombramiento pendiente

A las pocas semanas de la asunción de Fernández, el Gobierno nacional anunció que propondría al juez federal porteño Daniel Rafecas para el cargo de procurador general de la Nación, vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo en 2017 luego de ser procesada. Sin embargo, el Frente de Todos nunca alcanzó la mayoría necesaria en el Senado para la aprobación de su pliego.

La Justicia federal: nombramientos y renuncias

Desde que asumió Losardo como ministra, el Poder Ejecutivo Nacional nombró 54 jueces federales, un ritmo de designaciones similar al registrado en años anteriores. Entre 2016 y 2019 se nombraron 200 jueces, un promedio de 50 por año, según datos oficiales del Ministerio de Justicia nacional.

Por otro lado, durante la gestión de Losardo renunciaron 49 jueces federales, también según datos oficiales del Ministerio. Esto también se explica, en parte, en otra ley impulsada por el oficialismo. El Gobierno de Fernández impulsó en febrero de 2020 una reforma de los regímenes previsionales especiales del Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación. En los hechos, la reforma implicaba un recorte en las jubilaciones de los magistrados.

Esto provocó que muchos jueces tomaran la decisión de jubilarse antes de que comenzara a regir el nuevo régimen, de manera tal que sus jubilaciones no se vieran afectadas por la nueva norma. Entre el 20 de febrero y el 11 de marzo de 2020, es decir, en un lapso de 20 días, renunciaron 35 jueces federales. El 12 de marzo, el Senado convirtió en ley el proyecto del oficialismo.

Un contexto de choque con la Justicia

La gestión de Losardo al frente del Ministerio de Justicia transitó en un contexto de enfrentamientos entre el gobierno del Frente de Todos y el Poder Judicial. Además, se originaron diferentes frentes de disputa con magistrados desde el Senado -donde el Frente de Todos ostenta su Presidencia y la mayoría- y la Cámara de Diputados nacional.

El capítulo más debatido tuvo como protagonistas a 3 magistrados: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que como jueces de la Cámara Federal porteña habían intervenido en diversos expedientes en los que estaba procesada la Vicepresidenta y Germán Castelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 porteño, el que tiene a cargo el juicio de la llamada causa de los “Cuadernos de la corrupción”.

Los magistrados habían sido trasladados durante la Presidencia de Mauricio Macri. Esto quiere decir que pasaron de un cargo a otro sin haber atravesado un concurso. Lo hicieron con una recomendación del Consejo de la Magistratura y un decreto del Presidente. Con el cambio de Gobierno, el Frente de Todos impulsó en el Consejo el dictado de una resolución que declaró que esos traslados (y otros) se habían hecho de manera irregular. El Consejo mandó esa lista al Ministerio y el Ministerio la mandó al Senado, que anuló los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Los jueces fueron vía per saltum a la Corte Suprema, que aceptó tratar el tema y tomó un camino intermedio: sostuvo que los jueces debían abandonar esos tribunales, pero podían permanecer allí hasta que se nombrara un nuevo magistrado por el mecanismo constitucional.

Mientras todo esto ocurría, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al que acusó por otros casos no vinculados a los traslados de jueces, pero en el contexto en el que el máximo tribunal debía decidir si aceptaba o no el per saltum presentado por los magistrados. Como ocurre con la mayoría de los pedidos de juicio político, la presentación no prosperó.