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Alberto Fernández propuso aumentar la inversión educativa para 2032, pero el Estado todavía no alcanza las metas obligatorias actuales

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • El Presidente anunció la presentación de la ley para aumentar la inversión educativa del 6% al 8% del Producto Bruto Interno para 2032.
  • A lo largo de 4 períodos presidenciales, la inversión anual en educación en la Argentina no ha alcanzado el 6% del PBI establecido por ley, salvo en 2009, 2013 y 2015.
  • Por esto, entre 2006 y 2020 el Estado argentino acumuló una deuda con la educación equivalente a $3,4 billones (a valores del 2022).

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, anunció la presentación de la Ley de Expansión de la Inversión Educativa que, según adelantó, “tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032”.

Sin embargo, el Estado aún no alcanzó la inversión obligatoria del 6% del PBI establecida por la Ley N° 26.075, y entre 2006 y 2020 acumuló una deuda con la educación (la diferencia entre lo que debería haber invertido y lo que efectivamente invirtió) equivalente a $3,4 billones.

La deuda acumulada

Según la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían incrementar progresivamente la inversión en educación hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el PBI. 

Entre los años 2006 y 2009 se establecieron metas intermedias hasta llegar al objetivo: 4,7% en 2006, 5% en 2007, 5,3% en 2008 y 5,6% en 2009.

Sin embargo, las metas fijadas por la ley sólo se cumplieron en 3 de los 15 años, según el informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo entre los años 2006 y 2020.

De acuerdo con este trabajo -realizado en base a datos oficiales cuya última actualización es de 2020-, sólo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado por la ley. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%.

“A lo largo de 4 períodos presidenciales, la inversión anual en educación en la Argentina no ha alcanzado el 6% salvo en los años 2009, 2013 y 2015. La distancia entre el objetivo de inversión fijado por el Poder Legislativo en 2005 y 2006 y el gasto ejecutado nos permite calcular el pasivo entre los dichos y los hechos”, señaló Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Los 3 años de mayor deuda contraída con la educación fueron 2019 ($ 841 mil millones de 2022), 2018 ($ 751 mil millones) y 2020 ($ 570 mil millones). Estos 3 años, junto al 2010, constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.

Al no alcanzar las metas propuestas por la Ley de Financiamiento Educativo en 12 de los 15 los años de la serie, se generó una deuda educativa equivalente al 5% del PBI del 2020 (es decir, $3,4 billones de pesos a valores de 2022).

Es así que si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en el año 2020 debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias (llevándolo al 11% del PBI en ese año).

El impacto del déficit

“Las consecuencias de este déficit se pueden analizar desde varios planos”, señaló a Chequeado Javier Curcio, referente de Argentinos por la educación, Licenciado en Economía e investigador de IIEP Baires y UBA-Conicet.

Y explicó: “En primer lugar está el atraso salarial docente que impacta en la calidad educativa. También, en otro plano, lo referido a la infraestructura y equipamiento. Por ejemplo, tenés problemas de conectividad y el uso de las nuevas tecnologías. Hubo un esfuerzo para solucionarlo, pero insuficiente y eso como consecuencia de la deuda”.

Además, Curcio agregó que el déficit también tiene como consecuencia la falta de construcción de jardines: “El déficit edilicio del nivel inicial trae consigo la imposibilidad de ampliar la cobertura en la sala de 3 años y poder universalizar la sala de 4 y 5 que son obligatorias”.

Como contamos en esta nota, en 2021 el Ministerio de Educación nacional construyó sólo un 7% de las aulas de jardines que había programado.

La construcción de jardines de infantes también fue una promesa del presidente Mauricio Macri (Cambiemos). Durante su gobierno se construyeron 2.080 salas, alrededor de un quinto de lo prometido, o el equivalente a 742 jardines, como consta en este chequeo.

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