Cinco puntos para entender el conflicto en la Villa 20

Desde el asesinato de Melina López, Villa Lugano volvió a estar en el centro de las miradas, así como sucedió con la desocupación del Parque Indoamericano en 2010. La vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, anunció que el predio desalojado a metros de la Avenida de la Cruz, donde se creó el denominado barrio “Papa Francisco”, se integrará al plan de urbanización del asentamiento que se encuentra en frente, la Villa 20, algo que ya estaba establecido por ley. Una radiografía de estos terrenos que deberán ser urbanizados para diciembre de 2015, según lo que estableció en una resolución el viernes último la jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Elena Liberatori.

1. La Villa 20 es un asentamiento precario que se inició en 1970. Hasta 2009, una parte del polígono destinado a la urbanización por la ley N° 1.770 (12 hectáreas) era utilizada como depósito de autos por la Policía Federal. Ante este foco de contaminación de plomo y mercurio y la presencia de casos de leptospirosis, según distintas resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad desde 2007, el juez Andrés Gallardo ordenó su clausura y el saneamiento ambiental del suelo.

Parte del predio se limpió de chatarra pero solo se cercó con alambre. “En 2013, trascendió que el proyecto de ‘Plan Maestro para la Comuna 8’ de los legisladores PRO María Spalla y Cristián Ritondo autorizaba la venta de este predio a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Tanto los vecinos como las organizaciones sociales que trabajan en la villa, venían protegiendo este predio de la ocupación porque esperaban que la urbanización pudiera realizarse. La decisión de venderlo y cambiar su destino hizo que no pudieran contenerse los intentos de ocupación que finalmente ocurrieron en febrero de este año”, recordó Laura Tarbuch, coordinadora del área de Villas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), respecto de una de las causas del inicio de la toma del barrio “Papa Francisco”.

Profesora de Derecho Constitucional en la UBA, Tarbuch enumeró, entre otras posibles causas de la ocupación, “los altos costos de los alquileres en las villas y el impedimento de acceso al mercado formal de alquiler por los requisitos que se exigen, el crecimiento generacional de las familias de la villa, las condiciones de hacinamiento y el no cumplimiento de las promesas y de las leyes por parte de los gobiernos”.

2. Los resultados del Censo 2010 muestran que, ese año, vivían en la villa 19 mil personas. Al comparar la información con 1991, se trata de uno de los asentamientos que más creció en población, junto con las villas 1-11-14, 3, 21-24, 26 y 31-31 bis (ver datos). Todas estas, a excepción de la última, se encuentran en la zona sur de la Ciudad.

No hay datos oficiales actuales respecto de la población de la villa, pero el Centro de Investigación Social (CIS) de la ONG Techo estima, en base a un relevamiento propio con encuestas realizadas en el campo, que en 2013 vivían 13 mil familias. Si a esta cifra se le aplica el promedio calculado por la ACIJ de 4,6 personas por hogar, el número de habitantes en la actualidad alcanzaría las 60 mil personas.

3. La villa no posee desagües pluviales, lo que acentúa que se inunden ciertas partes del barrio cuando llueve. La mayoría de los hogares tampoco cuenta con un sistema adecuado de eliminación de excretas, tienen una conexión irregular a la red pública de agua (colgados con caños caseros o mangueras) y acceden al gas por garrafa como principal fuente de energía. Esta descripción también surge del Mapa de Asentamientos Informales de Techo.

Ignacio Gregorini, director del CIS, destacó que, de acuerdo con encuestas en villas de todo el país, la mayoría de los nuevos núcleos familiares cohabitan en la misma vivienda, o a lo sumo realizando una ampliación de la misma, en muchos casos en altura. “Esto habla del hacinamiento persistente y agravado que hay en las villas, que lleva a que muchos de los nuevos hogares busquen terrenos linderos al barrio -o en otros barrios más alejados-, huyendo del hacinamiento y del costo de los elevados alquileres”, justificó.

4. Según la ley 1770, de 2005, la Villa 20 ya debería estar urbanizada. El artículo 2 de ese texto reservaba el predio que fue ocupado este año (en ese momento en poder de la Policía) a la construcción de viviendas.

Al respecto, Tarbuch recordó: “A través de un convenio, Nación y Ciudad habían acordado la entrega del predio para poder cumplir con los fines establecidos por la ley para luego asignarle a la Fundación Madres de Plaza de Mayo la tarea de la construcción de las viviendas. Pero esto jamás se comenzó”.

En febrero de este año, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe advirtiendo sobre irregularidades en la Fundación por el desvío de fondos para la construcción de viviendas hacia cuentas de sus ex apoderados, Sergio y Pablo Schoklender.

5. Luego del desalojo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana, la jueza Liberatori ordenó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, urbanizar la Villa 20 antes del 10 de diciembre de 2015. La causa se inició a raíz de una denuncia de Reinaldo Arnez Medrano, miembro de una de las familias desalojadas del barrio Papa Francisco, y Angélica Urquiza, vecina de Villa 20. Ambos contaron con el asesoramiento jurídico del bloque Verde/Alameda, que integran los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera, antes miembros de Proyecto Sur y del Frente UNEN, respectivamente.

La resolución judicial exige, entre otros puntos, estimar el costo de las obras de urbanización y destinar las partidas presupuestarias necesarias en los presupuestos de 2014 y 2015, además de evitar la subejecución de los recursos destinados a estos fines.

Un informe de la ACIJ sobre el período 2008-2012 destaca que en la Ciudad, “en comparación con los créditos generales para vivienda, los porcentajes de ejecución de los programas relativos a villas no son tan bajos”, aunque también aclara que “los créditos originales y devengados para estos programas muestran una tendencia negativa a lo largo del período”. Esta situación también se mantuvo en 2013, aunque ese año el porcentaje de ejecución de estos programas alcanzó sólo el 33 por ciento.