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En 2020 se duplicó la cantidad de niños, niñas y adolescentes asistidos económicamente porque su madre fue asesinada por ser mujer

Unsplash | CC -Jonathan Borba

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31 mayo, 2021 15:35 pm | Tiempo de lectura: 4 minutos
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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • En 2019, 353 personas recibían una compensación mensual por haber dejado de estar al cuidado de una víctima de femicidio; en 2020, se sumaron 422, y hoy el Estado asiste a más de 800 personas.
  • La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reportó que entre 2018 y 2020 al menos 640 niños, niñas y adolescentes quedaron desamparados porque su madre fue víctima de un femicidio.
  • En algunos casos, las familias no cuentan con la documentación necesaria para acceder a los requisitos, lo que puede demorar el proceso para acceder a la compensación.

Hasta marzo último, 816 niños, niñas y adolescentes (NNyA) y personas con discapacidad cobraban en la Argentina una compensación económica mensual por haber dejado de estar al cuidado de una persona, debido a que fue asesinada por su condición de mujer; es decir, fue víctima de un femicidio.

La cifra surge de un informe elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a raíz de un pedido de acceso a la información pública que realizó Chequeado.

La denominada Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (Rennya) es fruto de la vigencia de la Ley N°27.452, conocida como la “ley Brisa”.

Qué es la ley Brisa y a quién se destina la ayuda económica

La “ley Brisa”, nombrada en honor a Brisa, la hija de Daiana Barrionuevo, asesinada por su ex esposo en 2014, establece una reparación económica para los hijos de mujeres víctimas de femicidios. El Congreso aprobó la ley el 4 de julio de 2018 y el gobierno del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri (Cambiemos), la reglamentó el 1 de octubre del mismo año.

Según explicaron a este medio en el pedido de acceso desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la ley comenzó a implementarse en febrero de 2019.

Sin embargo, en diciembre de 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) había iniciado 6 expedientes de manera excepcional, porque aún no estaba habilitado el trámite para solicitar la compensación a través de la ANSES.

La implementación del programa quedó a cargo de la Secretaría de Niñez y está dirigido a víctimas colaterales de femicidios, violencia intrafamiliar o de género que hayan ocurrido en el país, es decir hijos de cuya madre, padre o progenitor o progenitora haya muerto a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia, argentinos o residentes desde hace más de 2 años y sean menores de 21 años. En los casos de personas con discapacidad, el beneficio es vitalicio.

El monto a recibir para las personas que acceden a la reparación económica es “equivalente a un haber jubilatorio mínimo”, que actualmente es de $ 22.071, informó la ANSES, además de proveer una cobertura de salud.

La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo u otras asignaciones familiares y pensiones, aunque no lo es con otros beneficios nacionales, provinciales o municipales que se originen en el mismo hecho.

A nivel local, en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley similar anterior a la “ley Brisa”. En 2017, antes de la sanción de la norma nacional, se sancionó en la Legislatura porteña la Ley N° 5.861 que establece una reparación económica a hijas e hijos de víctimas de femicidios, producto de un proyecto presentado por La Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo.

En 2020 se duplicó la cantidad de personas asistidas por la reparación

De acuerdo con la información enviada por la Secretaría de Niñez, entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, se aceptaron 887 reparaciones (de 1.039 solicitudes presentadas) y se dieron de baja 71. Es decir que están actualmente otorgándose 816 pensiones.

De esas 71 bajas en la reparación económica, 70 son porque el titular alcanzó la edad límite para el programa, 21 años, y la restante, porque la persona asistida económicamente por el Estado murió.

Otro motivo de baja es el sobreseimiento o la absolución del o la progenitor/a y/o progenitor/a procesado en una causa penal por violencia de género. Pero hasta ahora no hubo ningún caso de baja de la reparación mensual por este motivo.

En 2020, hubo un aumento de las solicitudes vigentes: pasaron de 353 en 2019 a 775 en 2020. Es decir, se duplicó la cantidad de personas asistidas de un año al otro.

En 2021, se sumaron otros 53 beneficiarios hasta marzo, según la Secretaría de la Niñez de la Nación. Según La Casa del Encuentro, 103 fueron los hijos e hijas que se quedaron sin madre hasta abril de este año.

De las 887 solicitudes aceptadas en total desde que empezó a regir la “ley Brisa”, un 52% son mujeres, y la mayoría (304) son niños de entre 13 y 17 años.

A este grupo le siguen los jóvenes de entre 18 y 24 años (282) y los de entre 6 y 12 años (266). Del resto de las solicitudes, 28 niños tienen entre 1 y 5 años, 6 adultos tienen entre 25 y 45 años y una persona, más de 46 años.

La mayoría de los beneficiarios se encuentran en la Provincia de Buenos Aires (311), seguidos por Santa Fe (83), Mendoza (69) y Córdoba (66). Se trata de los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con el Presupuesto 2021, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estima alcanzar a 900 personas a través del programa de Reparación Económica, para lo que se asignaron $ 285 millones. Según datos del Presupuesto Abierto, hasta el momento se ejecutó el 33% de lo presupuestado.

“Además del trauma que les queda por lo que sucedió y en total desprotección, su vida comienza de nuevo, con todo lo que significa no tener los medios económicos para llevar adelante. Les cambia la vida a las familias percibir este dinero con el que niños y niñas pueden tener no sólo la parte económica sino la cobertura de salud”, explicó a Chequeado Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro.

De todos modos, en casos de extrema vulnerabilidad, Rico mencionó que en muchas ocasiones las familias no tienen la documentación necesaria para acceder a los requisitos, desde un documento de identidad hasta la copia de la sentencia requerida o certificado de tutela para iniciar el trámite, por lo que es necesario “que cada provincia y cada municipio agilice la documentación”. “Hay lugares donde las familias no tienen una indicación clara de lo que necesitan” presentar, señaló.

Qué números maneja la Corte

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación releva desde hace 6 años la cantidad de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años que cada año quedan desamparados porque su madre fue víctima de un femicidio.

Las cifras figuran en los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. En 2018, cuando empezó a regir la “ley Brisa”, al menos 202 niñas, niños y adolescentes estaban al cuidado de mujeres que fueron asesinadas mediando violencia de género; en 2019, 222, y en 2020, 216.

Se trata, en total, de 640 niñas, niños y adolescentes que se quedaron sin el cuidado de la mujer a cargo, por ser víctimas indirectas de un femicidio.

En el informe 2020 se identificaron al menos 231 personas potenciales beneficiarias de la reparación económica, que considera a niñas, niños y adolescentes de hasta 21 años de edad y personas con discapacidad sin límite de edad.

 

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