Las empresas privadas y el Estado: otros casos en el mundo

La decisión del Ejecutivo, de eliminar a través del decreto de necesidad y urgencia 441 las restricciones sobre su participación en empresas privadas donde tiene capitales, se ganó muchas críticas. Una de ellas, es que la posibilidad que ahora tiene de nombrar miembros del directorio, es una acción propia del estilo del presidente venezolano, Hugo Chávez, de intervenir las industrias.

Más allá del método que se haya usado para asegurar su participación (a través de un DNU), existen otros casos en los que el Estado hace valer su capital con una participación en las decisiones de las empresas, aunque no necesariamente en el directorio. Algunos ejemplos de los que pasa en otros países. 

Francia
El tema de cuán importante debe ser la presencia estatal fue también objeto de debate en el país galo. En marzo de 2010 el presidente, Nicolas Sarkozy, hizo un llamado a que el Estado tuviese mayor control sobre las empresas en las que tiene capital. El tema surgió después de las relocalizaciones de plantas de producción, a países con menores costos laborales, de empresas que tenían capitales públicos. “El Estado va a revisar su rol de accionista en las grandes empresas industriales, la representación del Estado es un tema mayor”, declaró Sarkozy en ese momento.

Las diversas participaciones que tiene en las empresas están agrupadas en la Agencia de Participación del Estado, responsable de velar por los intereses públicos. Son 70 entidades, con distintos niveles de participación, que van desde acciones minoritarias hasta la propiedad total. El organismo publica periódicamente informes sobre la situación de cada una de las compañías, y de la situación global de las acciones estatales.

Renault, por ejemplo, estatizada después de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente privatizada, cuenta hoy con el 15% de capital estatal. Esto le da derecho al 18% de los votos, y además a tener opinión sobre el rumbo de la empresa, al participar en el comité estratégico. Todas las compañías que cuentan con dinero público deben además rendir cuentas a los ministros de Economía y de Industria semestralmente.

Reino Unido
En Gran Bretaña, el Estado intervino fuertemente después de la crisis de 2008, especialmente en el sector financiero, ayudando a cuatro bancos que estaban en dificultades. Dos de ellos quedaron en total control del Gobierno (Northern Rock y Bradford and Bingley), mientras en los otros dos quedó como accionista, con 41% del Lloyd’s Banking Group y 84% del Royal Bank of Scotland.

En los dos bancos en los que el Estado se transformó en accionista, este decidió no participar directamente en el directorio, manteniendo su conducción independiente, aunque supervisa la estrategia. Los bancos a su vez están obligados a rendirle cuenta. La UK Financial Investements, encargada de supervisar las inversiones del Estado después de la crisis, sintetizó así su función: “Nosotros creemos que el valor será re-establecido por los mismo bancos, bajo el liderazgo de sus propias gerencias y directorios. Nuestro rol como accionistas comprometidos es asegurar que los bancos tengan una estrategia de largo plazo sensata, que sean manejados de manera eficaz y bien gobernados.”

España
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del país español es una entidad de derecho público: abarca 21 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI. Entre sus participaciones, contaba con el 5,39% de Iberia, hoy dentro del International Airlines Group (IAG); el 20% de Red Eléctrica y el mismo porcentaje en Enagas, EADS, (Fabricante de Airbus) e Hispasat. Sólo en el caso de Iberia se trataba de una participación estrictamente financiera, sin derecho alguno en el consejo de administración de la aerolínea.

Cabe señalar que en todos estos casos se trató de intervenciones acordadas con las empresas.