Aún sin el 82%, hay dudas sobre la sustentabilidad del sistema
Más del 35 por ciento de los asalariados no realizan aportes previsionales y en el caso de los trabajadores cuentapropistas la proporción es todavía más alta. ¿Qué sucederá cuando esa población llegue a la edad de jubilarse pero no cuente con los aportes necesarios? En su trabajo Perspectivas previsionales en Argentina y su financiamiento tras la expansión de la cobertura, los economistas Oscar Cetrángolo y Carlos Grushka se muestran poco optimistas: “Las futuras pérdidas de cobertura podrían generar nuevas demandas de flexibilización de requisitos o nuevas moratorias, pero estas medidas tendrían asociado un costo fiscal que podría volver a deteriorar las cuentas públicas”.
La sustentabilidad financiera del régimen previsional es otro factor que genera dudas. Si bien actualmente –luego del traspaso de las afjp al Estado y de años de alto crecimiento económico y del empleo– el sistema se encuentra equilibrado, hay incertidumbre en el mediano y largo plazo y no existen estudios de la anses sobre el tema. Un trabajo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, fiel (Urbiztondo y Susmel, 2009), anticipa que, sin mediar cambios en la situación actual, el sistema volvería a tener déficits después de 2012. Cetrángolo y Grushka advierten que, durante los últimos años, el superávit viene siendo invertido con “rendimientos reales negativos, como préstamos al Estado, bajo la modalidad de Letras del Tesoro o Letras del Banco Central”
Parte de los problemas de sustentabilidad financiera del régimen está relacionado con el envejecimiento de la población. Según Eduardo Melinsky, director del Centro de Investigaciones del Seguro de la UBA, actualmente la población en edad de jubilarse representa 23,2 por ciento de las personas en edad de trabajar. Si no hay cambios en el sistema, las transformaciones demográficas llevarán esa proporción al 28 por ciento en el 2030 y al 40 por ciento en el 2050. La única forma de mantener estable la proporción entre activos y pasivos en ese período sería aumentar las edades jubilatorias de hombres y mujeres hasta los 70 años (ver cuadro)
Proporción de la población en edad de retiro sobre la población activa. Proyecciones en distintas hipótesis de edad jubilatoria
|
|
2010 |
2030 |
2050 |
|
Sistema actual (retiro de los hombres a los 65 y las mujeres a los 60) |
23,16% |
27,99% |
40,04% |
|
Aumentando la edad de retiro de las mujeres a los 65 |
18,48% |
22,82% |
32,60% |
|
Aumentando la edad de retiro de los hombres a los 70 años y de las mujeres a los 65 |
15,40% |
19,10% |
27,04% |
|
Aumentando la edad de retiro de hombres y mujeres a los 70 años |
11,91% |
14,99% |
21,31% |
Fuente: Melinsky (2010)
Estas proyecciones indican que, de no haber cambios, para el 2020 ya habría un déficit previsional de 8.600 millones de pesos, que llegaría a 66.000 millones de pesos para mediados de siglo. Para muchos especialistas, con este panorama, la única forma de que los actuales trabajadores tengan una jubilación similar a la actual es que el Estado cubra el bache con recursos impositivos, transfiriéndole al sistema un monto equivalente al 33% del presupuesto nacional de 2009; una opción que califican de riesgosa.
Durante los últimos años se extendió la cobertura provisional. La moratoria de 2006 les permitió jubilarse a más de dos millones de personas con edad de retiro que no tenían los 30 años de aporte. Esta medida mejoró la tasa de cobertura del sistema, que pasó a cubrir al 86,7 de las personas en edad de jubilarse, lo que representa la tasa de cobertura más alta de América latina.
Para el consultor Miguel Bein, este avance tiene su costo: “En la medida en que se decidió incorporar a nuevos beneficiarios sin el financiamiento de largo plazo, es cada vez más difícil corregir la distorsión entre los montos percibidos y lo que deberían percibir quienes aportaron al sistema”. Esta disparidad generó presentaciones judiciales. En agosto de 2006, la Corte Suprema dispuso en el “fallo Badaro” que el Estado debía aumentar en un 88,6 por ciento los haberes recibidos por el denunciante entre enero de 2002 y diciembre de 2006, de acuerdo al índice de variación salarial. La extensión de los beneficios de ese fallo al conjunto de los jubilados en la misma situación todavía está pendiente.
Las soluciones para mantener el actual sistema requieren de una decisión política que contemple el mediano y largo plazo. “Dado que el mecanismo utilizado en esta oportunidad para mejorar la cobertura es transitorio y de emergencia, y teniendo en cuenta que en la propia dinámica del sistema no existen elementos que de manera endógena permitan prever mejoras en la cobertura, deberá redefinirse, en el futuro, una modalidad permanente de atender esta problemática y alcanzar un esquema de protección social para los mayores que sea amplio y sostenible financieramente”, concluyen Cetrángolo y Grushka. En ese sentido, Camila Arza, investigadora de temas provisionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), destaca: “Muchas decisiones en el pasado tendieron a privilegiar el corto plazo. Este fue uno de los principales déficits por mucho tiempo. Un aspecto central para las futuras políticas públicas es la generación de una estrategia a largo plazo que pueda combinar preocupaciones como la estabilidad financiera y la expansión de la cobertura en el futuro”.
Comentarios
Valoramos mucho la opinión de nuestra comunidad de lectores y siempre estamos a favor del debate y del intercambio. Por eso es importante para nosotros generar un espacio de respeto y cuidado, por lo que por favor tené en cuenta que no publicaremos comentarios con insultos, agresiones o mensajes de odio, desinformaciones que pudieran resultar peligrosas para otros, información personal, o promoción o venta de productos.
Muchas gracias