Deuda en pesos: qué es, quiénes la tienen y por qué hay polémica

En los últimos días, representantes del oficialismo y de la oposición mantuvieron una polémica en torno a la sostenibilidad de la deuda pública en pesos, luego de un comunicado emitido por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. 

Pero, qué es la deuda en pesos, cómo se compone, quiénes son los tenedores de este tipo de endeudamiento y qué vencimientos deberá afrontar este año el Gobierno nacional. 

Qué es la deuda pública en pesos

La deuda pública en pesos comprende a las obligaciones contraídas en esa moneda por el Estado nacional, con el objetivo de obtener financiamiento destinado a cubrir sus gastos o realizar inversiones. 

Se trata de la emisión de bonos y letras, cuya diferencia reside principalmente en el tiempo de vencimiento: los bonos tienen un plazo mayor a un año, mientras que las letras vencen en un período inferior a los 365 días.

Estos instrumentos generan intereses según diferentes mecanismos: por tasas variables o fijas, por el coeficiente CER (un indicador que sigue la evolución de la inflación) o por el llamado “dólar linked” (que actualiza el valor de los bonos en función de la cotización del dólar oficial).

La emisión de deuda en pesos en el corto plazo está atada a la imposibilidad de obtener financiamiento externo y a la necesidad del Gobierno de utilizar una fuente alternativa para cubrir su déficit fiscal (es decir, cuando los gastos superan a los ingresos). Esta herramienta tomó más relevancia dado que en el acuerdo con el FMI se limitó la emisión monetaria y la asistencia al Tesoro por parte del Banco Central, otras herramientas usadas por el Gobierno para cubrir sus gastos. 

En este sentido, un informe de la consultora PxQ (que dirige Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner -Frente para la Victoria-), sostiene que “la dinámica del déficit primario [N. de la R.: aquel que no considera los intereses de la deuda] es determinante ya que ante la imposibilidad de cubrir el gasto con ingresos se opta por deuda de mercado [N. de la R.: aquella negociada con inversores privados] o asistencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. 

En tanto, un trabajo de la consultora Ecolatina -fundada por el ex ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna- sostiene que el Gobierno nacional apela al endeudamiento en pesos dado que “se encuentra imposibilitado a acceder a los mercados financieros internacionales en búsqueda de crédito en moneda dura”. 

Para obtener este financiamiento, el Poder Ejecutivo realiza licitaciones a través del Tesoro, a través de las cuales recurre al mercado financiero local emitiendo títulos de deuda. Estos títulos pueden ser adquiridos por agentes privados (como bancos o fondos de inversión) u organismos públicos (como la ANSES o el BCRA). 

En el plazo de vencimiento establecido, el Gobierno nacional debe pagar las obligaciones que contrajo o, en su defecto, renovarlas. Este último procedimiento es conocido como “rollover” y consiste en el refinanciamiento del capital adeudado a través de la emisión de una nueva letra o bono. 

Durante el último año de la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y en la actual gestión, el Estado apeló a este mecanismo para afrontar sus obligaciones, y en la mayoría de los casos obtuvo además fondos extra, destinados a financiar el déficit fiscal. 

En este sentido, un informe de la Fundación Mediterránea -cuya presidenta es la economista María Pía Astori- destacó que “para que este año los números ‘cierren‘ se requiere que el Tesoro coloque en el mercado $ 128 por cada $ 100 que están venciendo”. Un cálculo similar fue realizado por la consultora Ecolatina.

¿Qué ocurre si el Tesoro no logra renovar todos los vencimientos? En este caso, los inversores que decidan no continuar con la tenencia de letras y bonos podrían volcar ese dinero al consumo (lo que genera más inflación), a la compra de dólares alternativos debido al cepo cambiario (lo que ampliaría la brecha cambiaria con el dólar oficial), o a armar plazos fijos. 

Para prevenir las 2 primeras situaciones, el Banco Central fomenta el ahorro en plazos fijos aumentando la tasa de referencia (es decir, el interés que pagan los bancos a los ahorristas). Al mismo tiempo, la autoridad monetaria ofrece a los bancos títulos de deuda (como las letras de liquidez) para captar esos fondos, lo que incrementa la propia deuda en pesos del BCRA (por el pago de intereses sobre esos depósitos).

 

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Quiénes son los tenedores de deuda pública en pesos

El stock de bonos y letras del Tesoro en moneda local alcanzó en diciembre último los $ 17 billones, según datos de PxQ. A esos números la consultora le suma la base monetaria -el dinero legal en circulación, sumado a las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central- ($ 4,2 billones) y los pasivos del BCRA (la deuda del organismo), que en el último mes de 2022 superaron los $ 9,5 billones. Es decir que el stock total de deuda alcanzó los $ 30,7 billones.

De acuerdo con el informe de PxQ, del stock total de bonos y letras del Tesoro, el 61,8% se encuentra en manos del sector público (el 35,3% en poder del BCRA y el 26,5% en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -FGS- de la ANSES). El resto está en manos del sector privado: 26,5% son de los bancos, 8,2% de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y el 3,5% en manos de otros actores del sector privado.

Para 2023, el Gobierno enfrenta vencimientos por $ 13,4 billones, equivalentes a US$ 72,9 mil millones, según datos de la consultora GMA Capital. Mientras que para 2024, las obligaciones se calculan en $ 4,1 billones (o US$ 22,9 mil millones). 

Por su parte, PxQ calculó que, del total de vencimientos esperados para 2023, el 52% son títulos CER (ajustados por inflación), el 31% bonos duales (que otorgan el mejor rendimiento entre el CER y el dólar linked), el 10% letras y bonos a tasa fija, el 6% por dólar linked y el restante por tasa Badlar (una tasa de referencia definida por el BCRA para depósitos mayores a $ 1 millón). 

La consultora EcoGo -que dirige la economista Marina Dal Poggetto- indicó que a comienzos de año el Gobierno logró, en una nueva colocación, reducir los vencimientos en $ 3 billones (de los cuales $ 800 mil millones corresponden al sector privado). En este sentido, el informe señala que el primer trimestre será “accesible” para el Gobierno, pero advierte que en el segundo trimestre deberá afrontar pagos por $ 1 billón mensuales, solo al sector privado. 

La polémica en relación a la deuda en pesos

El 6 de febrero último, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aseguró a través de un comunicado que el país atraviesa una “crisis de financiamiento en pesos”. 

En este sentido, los referentes opositores criticaron “la utilización abusiva de instrumentos financieros en pesos ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar”. Y aseguraron que “con esto, el Gobierno nacional no hace más que especular con dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno”. 

Tras la polémica generada, el ex ministro de Economía de la Nación durante los últimos meses de la presidencia de Macri, Hernán Lacunza, señaló que “el objetivo de la declaración es llamar a la responsabilidad. Acá se está inflando un globo que va a explotar. No podemos seguir pateando problemas para adelante”.

Al cruce del comunicado de Juntos por el Cambio salió el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien dijo en un hilo de Twitter que la deuda en pesos es sostenible ya que redujo su participación sobre el PBI respecto del ratio presente durante la Presidencia de Macri. 

Por su parte, Álvarez Agis aseguró que “la deuda en pesos no representa ningún problema para la Argentina”, y sostuvo que “la deuda no tiene ningún problema técnico y es absolutamente pagable”.