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El debate sobre el coronavirus se polarizó entre los que más y menos tienen

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • El Coronavirus llegó a la Argentina a través de personas que habían viajado a alguno de los países donde ya había comenzado el contagio, especialmente, Europa.
  • El decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio establece que la gente se quede en sus casas, pero las realidades habitacionales no son iguales para todos.
  • Las repercusiones sociales y económicas se acentúan cuanto más desigual es un país.

La enfermedad COVID-19 empezó en Wuhan, China, a fines de 2019, y desde ahí se fue expandiendo hacia otros lugares del mundo. Primero por la región, con casos en Japón, Taiwán y Corea del Sur, para llegar luego a los Estados Unidos y países de Europa como España, Francia e Italia. El 2 de febrero último se informó la primera muerte fuera de China de un hombre de 44 años que vivía en Filipinas.

En la Argentina, el contagio del virus empezó con quienes habían viajado a alguno de los países donde ya se había detectado la enfermedad. Por eso, al inicio los partes oficiales hicieron hincapié en que se trataba de “casos importados”. De hecho, el primero de ellos, confirmado el 3 de marzo último, se detectó en un hombre de 43 años que había llegado a Buenos Aires desde Milán, Italia. Fue internado en aislamiento en la clínica Suizo Argentina y después trasladado al Sanatorio Agote (también de Swiss Medical​).

Las distancias y costos hacen que solo una pequeña parte de la población argentina cuente con los recursos necesarios para viajar al exterior. Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, 1,2 millones de argentinos viajaron al exterior en el mes de enero de 2020; lo que representa el 2,6% de la población. En ese sentido, el Coronavirus empezó a vincularse con las clases más altas, y se lo contraponía con los casos de dengue en las regiones pobres del país.

Este tipo de lectura de clase también se dio con el nuevo coronavirus en otros países de la región, como Brasil, donde una de las primeras muertes fue de una trabajadora doméstica cuya empleadora había viajado al exterior y estaba afectada por la enfermedad.

El debate sobre esto también se volcó en las redes sociales. Por ejemplo, Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, usó su cuenta de Twitter para decir: “No solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones sino que usamos los kits de testeo en ellos. (…) Tenemos pocos kits y los dedicamos a la clase alta”. En las respuestas, algunos usuarios le criticaron que muchos de los que viajaban eran “kirchneristas” (ver acá y acá), con lo que a la discusión de clase se le sumó la polarización política.

Usando la herramienta de monitoreo Trendsmap, que permite medir las interacciones en Twitter sobre determinados temas, se detectó que de 2.411.300 tuits con palabras relacionadas a la pandemia que fueron compartidos en la Argentina desde el 3 de marzo (cuando se conoció el primer caso) hasta el día de hoy, un 30% incluyó la palabras “pobre” o “pobres” (30%) y un 17%, “chetos” o “cheto” (17%).

Varias de las interacciones muestran una polarización entre clases sociales con respecto al coronavirus. Por ejemplo, los dos mensajes más respondidos grafican los dos polos del debate: uno de ellos criticó a “un cheto que se fue de vacaciones a Europa en primera clase en medio de una pandemia, [y] volvió embichado”. El otro, por el contrario, dijo: “Los ´chetos´´ que puteas son los que pagan los impuestos que mantienen tus planes sociales” (sic).

Las divisiones sobre la pandemia se acentúan por el desigual efecto de las medidas durante la cuarentena. Según los datos para el segundo semestre de 2019 que dio a conocer esta semana el INDEC, la pobreza subió al 35,5 % y afecta a alrededor de 16,4 millones de personas. Por eso, el aislamiento social no es igual para todos. “No es lo mismo la cuarentena en la clase media, que es alguien que se queda en su casa, que el aislamiento social en los sectores pobres”, reconoció en una entrevista al medio La Vanguardia, de España, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

De acuerdo al último informe de “indicadores de condiciones de vida” del INDEC, el 4,7% de las personas viven en condiciones de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) y, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares del Gobierno Nacional (2018), más de 4 millones de personas viven en los más de 4 mil barrios populares ubicados en todo el país.

No se trata sólo de una cuestión habitacional. La Coordinadora contra la represión policial institucional (Correpi) destacó que “las fuerzas de seguridad no actúan de la misma forma en los barrios populares y las villas, ni tratan de igual manera a lxs pibxs y trabajadorxs que a habitantes de zonas privilegiadas” (sic). En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la declaración de un estado de emergencia puede ser interpretada por las fuerzas de seguridad “como una carta blanca para practicar abusos” y señaló casos de humillaciones y uso irracional de balas de goma.

A estas desigualdades se suman además las condiciones de trabajo. En el país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el tercer trimestre de 2019, del total de la población ocupada, los “no asalariados” (es decir, quienes no tienen un empleo en relación de dependencia) representaron el 11,7%.

El escenario no es exclusivo del país. Según la ONU, como el 55% de la población mundial no tiene acceso a la protección social, las consecuencias del Coronavirus impactarán no sólo en la salud, sino también la educación, los derechos humanos e incluso la seguridad alimentaria. “Mientras más desigual sea un país, los grupos más vulnerables soportarán el peso de las repercusiones económicas de la pandemia y dispondrán de menos recursos para combatirla”, advirtió Alicia Barcena, bióloga y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

 

Si querés estar mejor informado sobre la pandemia, entrá al Especial Coronavirus.

Este artículo es parte de la iniciativa Sala de Democracia Digital, liderada a nivel regional por la Fundación Getulio Vargas y en la Argentina, por Chequeado.

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