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Emergencia pública: ¿qué le permite hacer a un presidente en la Argentina?

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • Esta situación le posibilita al Poder Ejecutivo Nacional tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación. 
  • Para ser aprobado, un proyecto de emergencia requiere de la aprobación en general de la mitad más uno de los diputados y senadores de la Nación. Luego, cada artículo en particular debe ser tratado y aprobado por separado.
  • Otras gestiones también gobernaron bajo leyes de emergencia pública. La gestión de Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) impulsó un proyecto en enero de 2002 (que se extendió hasta fines de 2017) y durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) se aprobó otro, que vence el 31 de diciembre de 2023.

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), envió al Congreso un proyecto de ley “ómnibus” que, entre otros puntos, solicita la declaración de la “emergencia pública” por un plazo de 2 años, prorrogables por el mismo período.

¿Qué significa la declaración del estado de emergencia pública, qué alcances tiene y qué acciones puede realizar el presidente con esta herramienta? Te lo contamos en esta nota.

¿Qué significa la declaración de una “emergencia pública”?

Como se explica en esta nota, la situación de emergencia le permite al Poder Ejecutivo Nacional tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales -lo que implica mayores plazos para la ejecución de algunas políticas- o sin contar con el aval del Congreso de la Nación. 

“El concepto de ‘emergencia’ -ya sea económica como fiscal- implica que ciertas facultades, que en un Estado normal suelen funcionar con cierta burocracia, sean simplificadas para tomar decisiones. Además, implica la posibilidad de que el Gobierno nacional tome decisiones por decreto sin la necesidad de que se aprueben leyes”, explicó en esta nota Iván Sasovsky, docente de la Maestría en Tributación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experto en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela (España). 

Por su parte, Luciana Díaz Frers, ex directora nacional de Políticas Fiscales del Ministerio de Hacienda de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri (2016-2019), señaló en esta nota: “La emergencia permite al Ejecutivo tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas en el Congreso. Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional de someter a discusión las decisiones de política pública”.

El artículo 76 de la Constitución nacional prohíbe “la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”, a excepción de determinadas decisiones de administración o de emergencia pública. En estos casos, la emergencia debe contar con un plazo fijado de finalización.

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, explicó en este artículo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la emergencia requiere: a) de un marco legal, b) de un límite temporal, c) de razonabilidad entre las medidas tomadas y el fin de la emergencia, y d) que la restricción de los derechos en modo alguno pueda ocasionar la frustración de los mismos”.

¿Qué propone el proyecto de ley “ómnibus” enviado por Javier Milei al Congreso?

La iniciativa girada al Congreso dispone la declaración de una “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros 2 años (es decir, hasta la finalización del mandato de Milei)

Entre los objetivos de la emergencia, el Ejecutivo menciona la promoción de “un sistema económico basado en decisiones libres”; la aplicación de “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria”; la reorganización de la administración pública nacional; la reasignación de recursos presupuestarios; la reestructuración de las tarifas energéticas y el manejo de la deuda pública. 

En caso de aprobarse, la emergencia también habilita al Ejecutivo a eliminar las retenciones a la exportación de cualquier tipo de productos. El proyecto le asigna una retención del 15% a todos los productos actualmente no alcanzados por el impuesto; eleva del 31% al 33% las retenciones a los subproductos de la soja (como el aceite); impone un gravamen del 8% a los productos del complejo vitivinícola y elimina imposiciones para algunas economías regionales. 

En materia de administración pública, el proyecto de ley de Milei habilita al Ejecutivo a reorganizar la estructura del gobierno, con la reestructuración, fusión, intervención y hasta eliminación de organismos descentralizados (es decir, áreas que cuentan con autonomía presupuestaria y de toma de decisiones, como el Servicio Meteorológico Nacional).

¿Cómo puede aprobarse una emergencia pública?

El proyecto “ómnibus” deberá ser tratado por las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación. En ambos recintos, la iniciativa deberá obtener en general la mayoría absoluta de los votos: es decir, la mitad más uno del total de los miembros (129 en Diputados y 37 en el Senado).

Luego, cada artículo en particular del proyecto deberá ser tratado y aprobado por separado. Como la iniciativa contiene más de 600 artículos que legislan en diferentes materias, los artículos requerirán el apoyo de un número diferente de legisladores.

El ex diputado nacional Alejandro Rodríguez (bloque Consenso Federal) señaló a Chequeado que, “cuando se envía una ley de este tipo, suele pasar que, al legislar sobre tantas materias distintas, cada una tiene sus propias reglas de aprobación”. Y especificó que los casos de reforma electoral, cambios en la legislación penal, tributaria y de partidos políticos necesitan mayoría absoluta, mientras que otras iniciativas sólo necesitan de mayoría simple (la mitad más uno de los presentes en la sesión). 

Sobre los tiempos, Rodríguez advirtió que para dar tratamiento al proyecto será necesaria la conformación de algunas comisiones legislativas que traten y aprueben el proyecto, condición necesaria para que pueda votarse en el recinto. Sin este aval, la iniciativa necesitará del apoyo de 2 tercios de los presentes para ser tratada “sobre tablas” (es decir, sin el aval de las comisiones). 

Otras emergencias públicas impulsadas por Eduardo Duhalde y Alberto Fernández

Existen otros antecedentes de declaraciones de emergencia. El 6 de enero de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaraba este estado en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. 

Originalmente, la emergencia se extendía hasta el 10 de diciembre de 2003, pero fue prorrogada consecutivamente durante el kirchnerismo (gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner -Frente para la Victoria-) y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Es decir, hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri (Cambiemos).

Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) promovió en diciembre de 2019 la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se declaró la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. La medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023.

 

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