Ley de Alquileres

El Decreto 70/23, vigente desde diciembre de 2023, desreguló los contratos: eliminó el plazo mínimo legal, habilitó la actualización en cualquier moneda y dejó la periodicidad de ajuste a libre acuerdo.

En la Argentina existen contratos de alquiler vigentes firmados bajo 3 normativas diferentes, cada una con mecanismos de actualización específicos. La primera Ley de Alquileres establecía una actualización anual, mientras que una modificación impuso aumentos semestrales y otro tipo de actualización. Con la ley vigente, los aumentos se definen entre las partes.

En su primer mes de gestión, el Presidente dictó un DNU que derogó la ley de alquileres. Según datos oficiales del Gobierno porteño, en octubre de 2024 el precio promedio de departamentos de 1 a 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cayó entre un 32% y un 33% en términos reales; es decir, descontando el efecto de la inflación.

Entre 2003 y 2023, la cantidad de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires pasó del 24% al 36% del total, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El precio de los alquileres cayó un 26% durante estos últimos 6 meses en términos reales, de acuerdo con datos propios elaborados sobre la base del índice publicado por Zonaprop. Los créditos hipotecarios mantuvieron su tendencia a la baja, al acumular un descenso del 35% desde diciembre.

Actualmente conviven 3 tipos diferentes de normativas, de acuerdo con el momento en que se hayan firmado los contratos. La ley de 2020 y su actualización en 2023 establecieron que el plazo mínimo de contrato fuera de 3 años, mientras que el DNU firmado por Javier Milei no dispone plazos mínimos.

A partir de ahora, el propietario y el inquilino deberán negociar la duración del contrato y la variación de los aumentos. Además, los contratos se podrán registrar en dólares.

Hace más de 6 meses, en Diputados se emitieron 2 dictámenes para cambiar la actual norma, pero nunca fueron discutidos en el recinto.

La norma en vigencia fue impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) y sancionada en 2020, ya bajo la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos). En el Congreso hay 2 dictámenes que impulsan su modificación, mientras que el Gobierno analiza suspenderla a través de un DNU.