Pichetto: “400 mil [venezolanos] ingresaron en el último año (…) y están todos trabajando”

El senador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo en Radio Continental que “cómo puede ser que gente que viene del extranjero, pongamos el ejemplo de los venezolanos, 400 mil ingresaron en el último año (…) y están todos trabajando”.

Sin embargo, no hay cifras oficiales que sostengan que hayan ingresado en el país 400 mil venezolanos ni que haya esa cantidad trabajando.

Según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), recopilados de los organismos oficiales de cada país, la Argentina otorgó 165.688 radicaciones a venezolanos entre 2015 y agosto de 2019, y se estima que para el final de 2019 este número llegará a 238 mil personas, un número mucho menor al señalado por Pichetto. Los venezolanos pasaron a ser la primera nacionalidad con más radicaciones en el país en 2018, con 70 mil permisos de residencia otorgados, superando a Paraguay y Bolivia (aunque ambos siguen siendo las dos nacionalidades con más residentes aquí), los dos países de los que históricamente la Argentina recibió un mayor flujo migratorio.

Hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos que salieron del país por la crisis social y económica que está sufriendo. El 80%, alrededor de 3,6 millones, se encuentra en América del Sur. La OIM advierte que de este número sólo la mitad cuenta con permisos de residencia mientras que 600 mil tienen solicitudes de asilo.

“Hay países como Colombia, Perú y Ecuador (los de mayor recepción de migrantes venezolanos) en los que hay un porcentaje elevado de personas en situación de irregularidad migratoria”, explicó Pablo Ceriani Cernadas, director especializado en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y ex vicepresidente del Comité de Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas. Sin embargo, aclaró que en nuestro país se aplicó siempre la categoría migratoria Mercosur, por lo que “el acceso a la residencia para venezolanos ha sido bastante simple”. El especialista agregó que aún sumando a las pocas personas que se encuentren en una situación irregular, la cantidad de venezolanos en el país no excede por mucho a las cifras oficiales.

El gobierno argentino tomó una serie de medidas para facilitar la entrega de documentación a los inmigrantes venezolanos, como aplicar el criterio Mercosur (por el que todos los Estados parte y asociados del Mercosur tienen mayores facilidades para iniciar el trámite de radicación), aún cuando Venezuela no se encuentra dentro del tratado. También se permitió el ingreso de personas con el pasaporte o el DNI vencido, como también permitir el ingreso de menores de 9 años con la partida de nacimiento, debido a que en los últimos años el gobierno venezolano no entregaba documentación.

Por otro lado, también se tomaron medidas desde el Ministerio de Educación de la Nación para poder agilizar la homologación de los títulos universitarios (ver acá y acá). Dos informes de la OIM sobre inserción de profesionales de la salud e ingenieros venezolanos en la Argentina, señalan que hay un esfuerzo tanto del gobierno nacional como de los provinciales para absorber la oferta de profesionales de estos dos rubros, sobre todo en localidades donde hay una gran demanda de ambos. Sin embargo, señala el informe, por el contexto de contracción económica y por las demoras en la entrega de documentación, muchos venezolanos se encuentran trabajando en puestos para los que están sobrecalificados y en situaciones de precariedad laboral. En el caso de los ingenieros se señala que se paga menos que en otros países y que existe mayor exclusión entre las ingenieras mujeres, que destacaron que sufrieron la discriminación de género en la búsqueda laboral, y entre los mayores de 45 años.

“La población venezolana no tiene una alta tasa de desempleo pero la mayoría se encuentra en el mercado informal en sectores de comercio, servicios o plataformas como Uber”, explicó Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). También explicó que aún aquellos venezolanos que cuentan con un DNI se encuentran en situaciones más precarias, con ingresos menores y mayores requerimientos de horarios y de tareas que los argentinos que realizan el mismo trabajo. “Esto no es particular de la migración venezolana, en general los migrantes consiguen trabajos de menor calificación”, aclaró.

No hay datos oficiales sobre la población migrante venezolana en la Argentina pero algunos datos de la OIM, como la encuesta de monitoreo de la población de diciembre de 2018, señalaron que el 49% de la población migrante encuestada tiene título universitario, un 6% un posgrado mientras que un 14% tiene una tecnicatura superior, porcentajes muy parecidos a los relevados en el informe de julio de 2018. Este es un porcentaje alto si tenemos en cuenta que el 14% de la población mayor de 25 años de la Argentina tenía un título universitario o terciario, según el último Censo Nacional de 2010. Este monitoreo también muestra que solo el 1% de los encuestados tienen la primaria completa como máximo nivel de instrucción alcanzado, mientras que en nuestro país esto ocurre con el 27,5% de la población. Sin embargo, el sector de Prensa de la OIM advirtió que estos datos sirven como relevamiento, no como herramienta estadística extrapolable a toda la población venezolana.

Entre quienes tienen un empleo formal, un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo informó que en 2017 un 39% de los venezolanos estaban en el rubro del comercio, los restaurantes y los hoteles, un 26% se desempeñaban en establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos y profesionales mientras que un 16% se dedicaban a los servicios sociales, comunales y personales.

Otro trabajo de la OIM advierte que el perfil de los migrantes está cambiando: mientras la mayoría de las llegadas entre 2016 y 2018 eran de jóvenes con títulos universitarios, las nuevas llegadas “incluyen más familias, así como hogares encabezados por mujeres”, lo que genera que sean perfiles migratorios con “contextos de ingresos más bajos, diversas aptitudes académicas y limitadas redes sociales/familiares, lo cual las hace particularmente vulnerables a la explotación, extorsión, trata de personas, violencia basada en género (VBG), discriminación y xenofobia”.