Quién es Elena Highton, la jueza que renunció a la Corte Suprema

A través de una carta en la que dio pocas precisiones, Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) luego de 17 años en el cargo. De esta manera, se abre una nueva vacante y por primera vez desde 2004 no quedará ninguna mujer en el máximo tribunal del país.

“Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República, con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, apuntó la magistrada en una carta dirigida a Alberto Fernández, quien ahora deberá proponer un candidato para el tribunal, que deberá contar con el acuerdo de los 2 tercios del Senado para llegar al cuarto piso de los Tribunales.

Una larga carrera en el fuero Civil

Highton llegó a la Corte hace 17 años, pero, a diferencia del resto de sus colegas en el máximo tribunal, es la única que tenía una extensa trayectoria en la Justicia. Hace 42 años que es jueza.

A los 23 años se recibió de abogada y realizó luego 2 doctorados, en Derecho Civil y Relaciones Internacionales, todos en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ejerció 6 años como abogada al poco tiempo de recibirse y en diciembre de 1973 ingresó en el Poder Judicial y, hasta ahora, no volvió a salir de la función pública. Asumió como defensora oficial de Incapaces y Ausentes en el fuero Civil y Comercial y en 1979 fue nombrada jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial. Diez años más tarde fue nombrada jueza de primera instancia, pero del fuero Civil, y en 1994 ascendió a la Cámara de ese mismo fuero.

En el ámbito académico, fue profesora titular en la UBA en materias como Derecho Civil I, Derecho Civil IV y Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. Es especialista en mediación: en 1992 fue convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación para integrar una comisión con el fin de redactar una ley de mediación.

En 2004 fue convocada por el entonces presidente Néstor Kirchner para ocupar la vacante que había dejado Eduardo Moliné O’Connor en la Corte. Su pliego fue aprobado por 51 votos a favor y 5 en contra en el Senado.

Desde la muerte de Carmen Argibay, está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica del tribunal, que se encarga de facilitar el acceso a la Justicia de mujeres afectadas por la violencia doméstica. Entre 2011 y 2012 integró la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, junto al entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.

Formó parte de la mayoría que dictó los fallos “Simón” (que declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final), “F.A.L.” (que estableció los alcances del aborto no punible) y “Muiña” (que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para ex represores). Además, sostuvo que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le corresponde la competencia originaria de la Corte, por eso no votó en algunas causas en las que el estado porteño era parte, como el reciente caso vinculado a las clases presenciales y la autonomía de la Ciudad.

Una permanencia cuestionada

Highton tiene 78 años: nació el 7 de diciembre de 1942 en Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires. La Constitución nacional, desde 1994, establece que los jueces duran en su cargo hasta los 75 años y luego necesitan un nuevo acuerdo del Senado para continuar. En 2014, en una entrevista, la magistrada había anunciado que cuando alcanzara esa edad dejaría la Corte. “Mi idea es cumplir con la Constitución”, señaló.

Sin embargo, a fines de 2016 (un año antes de cumplir la edad límite), la magistrada interpuso un amparo en el fuero Contencioso Administrativo Federal para mantener su cargo sin necesidad de un nuevo acuerdo. Pidió que se le aplicara la jurisprudencia del antecedente de Carlos Fayt, en el que la Corte, con otra composición, había declarado nulos los artículos de la Constitución que referían a los límites etarios para los jueces.

El Ministerio de Justicia de la Nación, en cabeza de Germán Garavano (Cambiemos), pidió que no se le aplicara ese precedente porque Highton, a diferencia de Fayt, había asumido en la Corte luego de la reforma constitucional. Sin embargo, el juez federal Enrique Lavié Pico concedió el amparo y el Ministerio decidió no apelar esa decisión, por lo que el fallo de primera instancia quedó firme.

Lo curioso es que un mes y medio más tarde la Corte cambió el criterio que aplicó en el caso “Fayt” y otorgó validez a la reforma establecida en 1994 respecto de duración de los cargos de magistrados. Highton, que no votó en ese fallo, ya tenía su sentencia firme para seguir en el tribunal.

Un nuevo escenario en materia de género

El 28 de junio de 2004 Highton se transformó en la primera mujer en llegar al cargo de jueza de la Corte en democracia. Argibay había sido nombrada un tiempo antes, pero su pliego fue aprobado por el Senado un mes más tarde. Entre 2005 y 2014 el tribunal mantuvo la misma proporción de mujeres: 2 sobre 7, un 28%.

Tras la muerte de Argibay, Highton quedó como única representante femenina. Existió un breve lapso, entre diciembre de 2015 y junio de 2016, luego de la muerte de Enrique Petracchi y las renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, en el que sólo quedaron 3 magistrados en la Corte (Highton, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) por lo que su presencia garantizó un 33% de participación de mujeres. Luego, asumieron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y quedó como única mujer sobre un total de 5.

Con su renuncia, la Corte se queda sin mujeres por primera vez luego de 17 años. Ni la Constitución nacional ni ninguna otra ley o decreto establecen un cupo femenino en la Corte. Sin embargo, el Decreto 222/2003, que regula el proceso para la designación de magistrados de la Corte, dispone que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte (…) para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.