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Paridad en las empresas y organizaciones: qué dice la nueva resolución oficial

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

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07 Agosto, 2020 18:16 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos
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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó que órganos de administración y fiscalización de distintas entidades deberán tener la misma cantidad de hombres y mujeres.
  • La IGJ podrá exceptuar a una entidad si ésta lo pide, siempre y cuando “se funde en circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y objetivas”.
  • Según un relevamiento de Chequeado realizado en 2018, en su momento de las 25 principales empresas de la Argentina sólo una era presidida por una mujer y sólo el 4% de los directores titulares eran mujeres.

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, publicó en el Boletín Oficial una nueva resolución mediante la cual estableció que las entidades civiles y sociedades comerciales deberán tener la misma cantidad de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración y fiscalización

¿Qué dice la resolución?

La nueva norma impone que, cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta “con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”. Y aclara que, bajo pedido expreso de la organización, la IGJ podrá exceptuar a determinada entidad, siempre y cuando “se funde en circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y objetivas”.

La medida incluye a las organizaciones ya vigentes; las asociaciones civiles en proceso de constitución; a las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; algunas sociedades anónimas que se constituyan, exceptuando a algunas como las unipersonales; fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva; y sociedades del Estado.

Paridad: qué pasa en distintos ámbitos laborales

“El progreso en la representación de mujeres en puestos de toma de decisiones ha sido claro en el Poder Legislativo Nacional, a partir de la ley de cupo y luego de la ley de paridad. Sin embargo, el avance ha sido limitado en otros ámbitos”, destaca un estudio de 2019 del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). 

El estudio pone como ejemplo ámbitos donde se debe mejorar la paridad: el Poder Judicial, el ámbito privado y organizaciones como los sindicatos, que ya tienen una ley especial de 2002, pero no se cumple. También proponía aumentar la presencia femenina en el gabinete y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), algo que finalmente aumentó en el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), aunque todavía no se alcanzó la paridad.

Como se explicó en esta nota de 2018, en su momento de las 25 principales empresas de la Argentina, sólo una era presidida por una mujer, mientras que sólo el 4% de los directores titulares eran mujeres (7 de 176) y menos del 10% eran suplentes (14 de 148). Incluso actualmente en la IGJ los principales cargos son ocupados por hombres: el inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, así como el subinspector General y los 3 directores de la entidad son hombres, según figura en su sitio oficial.

Gala Díaz Langou, directora del área de Protección Social de Cippec, explicó a Chequeado que “la resolución es una buena base sobre la que se puede construir” y que, si bien “es mejorable”, ahora “estamos mejor que hace una semana”.

¿Qué pasa en otros países?

Si bien es difícil hacer comparaciones, María Victoria Murillo, politóloga y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, destacó que distintos países como “Bélgica, Francia, Alemania, Islandia, India, Israel, Italia, Noruega, Pakistán y España tienen actualmente legisladas cuotas para mujeres en juntas corporativas de compañías que cotizan en bolsa”.

El estudio del Cippec destaca el caso “paradigmático a nivel mundial” de Noruega, que mediante una ley de 2003 legisló que “todas las empresas públicas, intermunicipales y que coticen en bolsa de más de nueve miembros tendrían cinco años para lograr que 40% de la junta directiva estuviera compuesta por mujeres; caso contrario, la sanción implicaría la disolución de la empresa”. Dicha meta finalmente se alcanzó en 2009.

También destaca el caso de Chile, donde en 2014 se estableció que debía haber al menos una mujer en cada directorio de las empresas públicas y, de una participación del 0,5% en 2014, se propuso una meta de 40% de representación femenina en 2018, meta que se cumplió finalmente en 2017.

 

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