Esto propone Patricia Bullrich sobre política cambiaria, retenciones, planes sociales, inseguridad y educación: ¿qué dicen los datos y los especialistas?

Juntos por el Cambio resultó la segunda fuerza más votada a nivel presidencial en las Elecciones PASO 2023 del 13 de agosto último. Patricia Bullrich se impuso en la interna de este frente electoral sobre Horacio Rodríguez Larreta.

Con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, en Chequeado analizamos las plataformas electorales de las principales fuerzas que compiten por llegar a la Casa Rosada, como ya lo hicimos con Javier Milei (ver acá y acá) y Sergio Massa (ver acá). En esta nota, vamos a hacer foco en las propuestas de Bullrich, quien publicó su plataforma el miércoles último en su cuenta de X.

¿Qué propone la candidata de Juntos por el Cambio sobre la política cambiaria, los derechos de exportación -o retenciones-, los planes sociales, la edad de imputabilidad y la educación? Lo repasamos en esta nota, con datos y análisis de especialistas.

Bimonetarismo, para que convivan como monedas el peso y el dólar

En su propuesta para “Un País Ordenado”, Bullrich plantea el bimonetarismo, a partir del cual “convivan el peso argentino y el dólar de manera que vuelvan los dólares al circuito productivo del ahorro y la inversión”. 

Como se explica en esta nota, el concepto de economía bimonetaria se refiere a una economía en la que se utilizan activamente 2 monedas y no sólo la moneda local. Un estudio de la consultora Ecolatina señala que, en el caso de la Argentina, “ganamos y gastamos en pesos, pero ahorramos y pensamos en dólares”.

“La eliminación del cepo cambiario implicará de hecho un bimometarismo, es decir, se podrán utilizar cualquiera de las 2 monedas, el peso y el dólar”, dijo Bullrich en una entrevista en el canal LN+. Y aseguró: “Vamos a cambiar el Código Civil (de la Nación) para que los contratos puedan firmarse en cualquier moneda”.

Leandro Ziccarelli, analista financiero y autor del podcast Financiero, Monetario e Irreverente, advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa: “La demanda de pesos está en un mínimo histórico y hay un cepo que está bastante agotado pero es gigante, con lo cual uno tiende a pensar que si sacas el cepo y le decís a la gente que use la moneda que quiera, el 100% va a elegir el dólar, con lo cual, va a haber una corrida muy fuerte contra el peso y eso derivaría en una hiperinflación”.

Por su parte, el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica y subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), indicó a Chequeado que “el bimonetarismo que propone Bullrich es parte de una aceptación fáctica de una realidad que ya existe”.  

Y agregó: “La Argentina tiene más de US$ 240 mil millones, según el INDEC, atesorados fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad o cuentas en el exterior no declaradas o ‘debajo del colchón´, con lo cual sería bueno darle un esquema de salida legal a esa lógica de ahorro de los argentinos. Pero, por supuesto, atendiendo a cuestiones relacionadas con el lavado de dinero. A mi juicio, deberían establecerse topes, por ejemplo”. 

Retenciones como pago a cuenta de otros impuestos

En su plataforma electoral, Bullrich se refiere a los derechos de exportación del sector agropecuario y propone: “Eliminación de la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos, y liberación de todos los cupos [N. de la R.: volúmen máximo] a la exportación desde el primer día”.

Además, la candidata de Juntos por el Cambio propone la “eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales” y un “horizonte de reducción del resto de las retenciones con mecanismos iniciales de pagos a cuenta de otros impuestos”.

Como se explica en esta nota, las retenciones son tributos aplicados en aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente. 

Entre enero y agosto de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó en derechos de exportación casi $ 742.800 millones, lo que implica una baja nominal del 11,4% con respecto a igual período de 2022, como consecuencia del impacto de la sequía y la baja liquidación del sector agroexportador. 

En la entrevista con LN+, Bullrich dijo que “las retenciones son el impuesto más regresivo” y que la Argentina “es el único país que aplica retenciones a sus exportaciones”. Mientras que, en el 6° Congreso Internacional de Coninagro -organización que agrupa al sector cooperativo agrario-, la candidata de Juntos por el Cambio detalló que “se implementará un esquema a partir del cual el pago de las retenciones será un crédito a futuro, como una forma de ahorro por parte del productor”. 

Mariana Barreña, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo en diálogo con Chequeado que “para que esta propuesta sea viable debe llevarse a cabo una reforma más amplia del esquema de egresos públicos (gastos y subsidios económicos y sociales) porque la Argentina tiene un nivel de déficit fiscal histórico que está acompañado por un nivel de ineficiencia en el gasto de Estado, también histórico”. Y agregó, sobre medidas como las que propone Bullrich: “Son necesarias porque considero que la clave está en que la economía productiva, real y privada pueda ser más eficiente”. 

Sobre la propuesta de mecanismo de pago a cuenta, Dante Romano, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales (sede Rosario) de la Universidad Austral, destacó a este medio que “la primera cuestión a tener en cuenta es que el pago de derechos de exportación lo realizan los exportadores y no los productores agropecuarios, por lo que debería analizarse si este beneficio sería trasladado a la producción primaria”. 

Y añadió: “Por otro lado, el pago de derechos de exportación comparado con el de los impuestos (Ganancias, por ejemplo), es mínimo. Ahora, si fuera un crédito fiscal de libre disponibilidad, con la posibilidad de hasta transferirlo o pedir su devolución, quizás podría funcionar”. 

Transformación de los planes sociales en un seguro de desempleo

En términos de políticas sociales, Bullrich incluyó en su plataforma una propuesta para “transformar los planes sociales en seguros de desempleo, que cubran temporalmente a aquellas personas que se encuentren desempleadas”. 

En este sentido, la candidata comentó que “el plan Potenciar Trabajo, que reúne casi 1,3 millones de personas adultas con posibilidad de trabajar, se convertirá desde el primer día de gobierno en un seguro de desempleo temporal”. 

“Cada persona que cobre un plan social deberá responder a un cuestionario, donde indique su nivel educativo, el trabajo que realiza y su experiencia laboral; a partir de esa información se le ofrecerán cursos de formación o un servicio cívico para habilidades laborales o la opción de terminar sus estudios. Además, esa persona tendrá que presentarse en determinado lugar, con lo cual si se ausenta para ir a un piquete, pierde el plan”, explicó Bullrich en el programa El Diario de Leuco, que se emite por LN+.

Rafael Rofman, experto en políticas sociales y previsionales, explicó a Chequeado que una propuesta como la de Bullrich “es posible, pero se debe diseñar de manera adecuada para que los planes sociales que tengan como objetivo que los beneficiarios consigan un empleo, es decir, que esta política se focalice, más allá de la transferencia dineraria, en la capacitación para la búsqueda laboral, con un límite de tiempo temporal y gestionado en forma directa por el Estado”. 

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, planteó a este medio que “la única forma de que los programas como el Potenciar Trabajo se vayan achicando por la vía del pasaje a otras modalidades de ocupación es que crezca la economía y que se genere una fuerte demanda de puestos de trabajo que vaya absorbiendo a los beneficiarios de esos programas”.

Reforma del Régimen Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad

En su plataforma, Bullrich propone bajar la edad de imputabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen para “solucionar un vacío legal y evitar que los menores sean usados por redes delictivas”. En una entrevista en el programa +Entrevistas, que se emite por el canal de LN+, dio más detalles: “La edad de imputabilidad [del proyecto] es a los 14 años, pero si un menor de -por ejemplo- 12 años comete un delito no debe irse a su casa como si nada, por lo menos debe tener un tratamiento (psicológico o psiquiátrico) para que aprenda que lo que hizo tiene consecuencias”. 

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

De todas formas, los adolescentes de 16 y 17 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles aquellos que cometen delitos con penas mayores a 2 años pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.

¿Qué pasa actualmente con quienes tienen menos de 16 años? “Desde el estándar internacional, de acuerdo a la interpretación del Comité de Derechos del Niño, cuando un niño por debajo de la edad mínima comete un delito y resulta necesario, debe ser abordado desde el órgano de protección. Por supuesto, dependerá de la gravedad del delito (no es lo mismo un arrebato, un abuso sexual o un homicidio) y las circunstancias del adolescente”, explicó a Chequeado Diego Freedman, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y juez del Tribunal Oral de Menores Nº 2.

Sin embargo, aclaró que el sistema de protección depende de cada provincia. El especialista ejemplificó que en la Provincia de Buenos Aires los menores de 16 “son abordados por la justicia penal juvenil cuando incurren en delitos. Incluso se los puede privar de la libertad mediante lo que se denomina ‘medidas de seguridad’” y en la Ciudad de Buenos Aires “no interviene la Justicia penal juvenil después que se comprueba la edad y se deriva al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Y concluyó: “Las provincias regulan el proceso penal juvenil y el sistema de protección de infancia. Hay una ley marco nacional en materia de protección de la infancia. Pero después cada provincia dicta su propia ley que deberá compatibilizarse y, en definitiva, todo depende de los recursos institucionales. Por ejemplo, en el caso mencionado por Bullrich, los psicólogos deben aportarlos cada provincia”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora anualmente datos sobre causas judiciales de menores de edad. Según este reporte, en 2022 se iniciaron 2.036 expedientes penales contra niños, niñas y adolescentes, un 14% más que en 2021. Un 82% del total corresponden a delitos contra la propiedad (mayormente robos y hurtos) y el 18% restante se divide entre delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública, contra la libertad y contra las personas. Del total de causas, en 10 se investigó el delito de homicidio. 

La educación como servicio esencial y los 190 días de clases

En su propuesta, la candidata plantea declarar la educación como un servicio esencial porque “el derecho de huelga no debe estar por encima del derecho de los chicos a aprender”, según destaca en el documento. Y agrega: “Tanto la salud como la seguridad son consideradas actividades esenciales. Vamos a incluir la educación en esta lógica”.

En este sentido, Bullrich impulsará un “Acuerdo Federal de 14 años de escolaridad con 190 días anuales de clase”.

Como se cuenta en esta nota, la Ley 25.864, referida al ciclo lectivo anual mínimo para los establecimientos de educación inicial, general básica y polimodal, establece 180 días obligatorios de clases. 

Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y referente de la Coalición por la Educación, consideró en diálogo con Chequeado que “declarar la educación como un servicio esencial prioriza el derecho de aprender de los chicos, quienes hasta el momento no tienen quienes defiendan y resguarden este derecho esencial, sobre todo los cientos de miles de niños y jóvenes provenientes de sectores vulnerables que son los más afectados”. 

El experto señaló que “es probable que la puesta en marcha de esta iniciativa sea en un principio difícil de llevar adelante y encuentre en algunos sectores corporativos resistencia e incluso una oposición irracional, pero abre el camino a recuperar una escuela abierta que garantice los aprendizajes de todos”.