Esto propone Sergio Massa sobre “orden fiscal”, cepo cambiario, trabajo, inseguridad y salud: ¿qué dicen los datos y los especialistas?

Unión por la Patria resultó la tercera fuerza más votada a nivel presidencial en las Elecciones PASO 2023 del 13 de agosto pasado. Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, se impuso en la interna de este frente electoral sobre Juan Grabois.

Con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, analizamos las plataformas electorales de las principales fuerzas que compiten por llegar a la Casa Rosada, como ya lo hicimos con Javier Milei (ver acá y acá). En esta nota, vamos a hacer foco en las propuestas de Massa, tanto en las que figuran en la plataforma presentada ante la Justicia electoral como en las que mencionó en declaraciones públicas en las últimas semanas. Este mismo análisis se realizará también con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

¿Qué propone el candidato oficialista sobre el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, los salarios, la seguridad y el sistema de salud? Lo repasamos en esta nota, con datos y análisis de especialistas.

Orden fiscal, uno de los pilares macroeconómicos de Massa

El candidato por Unión por la Patria planteó 4 pilares macroeconómicos para la Argentina que viene: “Orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas para sacarnos al Fondo [Monetario Internacional (FMI)] de encima y el desarrollo con inclusión”. Así lo indicó durante una entrevista con el canal Crónica TV el 17 de agosto. La referencia al orden o al equilibrio fiscal también aparece en otras entrevistas o discursos del ministro.

En sintonía, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, aseguró el miércoles último en el marco de un seminario organizado por la Universidad Torcuato Di Tella que el Gobierno está intentando enviar un Presupuesto 2024 con “superávit fiscal” y consideró que el orden fiscal es “un requisito para una macroeconomía ordenada”.

El año pasado, la Argentina terminó con un déficit fiscal primario (el que no tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda pública) equivalente al 2,4% del PBI. Sin embargo, en los 2 primeros trimestre de este año las metas fueron incumplidas: entre enero y marzo, el déficit primario superó en un 56% al objetivo planteado; y entre abril y junio, el país acumuló un déficit de $ 1.880.695 millones (versus $ 1.181.400 millones, que era la meta).

Adicionalmente, en julio el país registró un resultado negativo de $ 334.366 millones, con lo que el acumulado anual se ubica en los $ 2.215.061 millones. Si se considera la nueva meta fijada para este año de $ 3.286.500 millones, el Gobierno nacional ya consumió el 67,4% de lo pautado y aún faltan 5 meses para terminar el 2023.

Frente a este escenario, Ariel Melamud, consultor independiente especializado en análisis presupuestario, destacó a Chequeado: “La Argentina debe avanzar hacia el equilibrio fiscal, pero éste no es un objetivo que pueda alcanzarse el próximo año porque esto significaría generar un ahorro de 4,5 puntos del PBI -lo cual es inviable-, sino que requiere un programa gradual de al menos 3 años”.

Y añadió: “Se estima que en 2024 el Estado aumentará sus recursos -entre otras cosas, se espera que no haya pérdidas de ingresos de divisas por la sequía, como ocurrió este año-, pero aún así no sería posible hablar de déficit 0 o de equilibrio fiscal”.

Dólar: plantean que el desafío es la unificación cambiaria y la liberación del cepo

El cepo cambiario es una medida que comenzó en 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y fue aplicada nuevamente en 2019, bajo la administración de Mauricio Macri (Cambiemos). Luego, las restricciones fueron aumentando durante la actual administración de Alberto Fernández (Frente de Todos). De hecho, las restricciones cambiarias se incrementaron durante la gestión de Massa al frente de la cartera económica, como se explica en esta nota.

En la plataforma electoral de Unión por la Patria no se hace alusión a la administración del cepo cambiario. Tampoco Massa habló explícitamente sobre este tema, aunque en una entrevista con el programa “A Dos Voces”, que se emite por el canal Todo Noticias (TN), se mostró en desacuerdo con levantar las restricciones cambiarias de manera inmediata porque “eso generaría una devaluación del 100%”. También aseguró en tono crítico que “el FMI pedía una unificación cambiaria”.

En tanto, esta semana, Rubinstein consideró que “queda el desafío de unificación cambiaria y liberación del cepo, en el que hay que avanzar lo más rápido posible, pero de manera sostenida”. 

Sobre este tema, un trabajo de la Fundación Fundar -firmado por los economistas Pablo de la Vega, Emiliano Libman y Guido Zack- menciona que “unificar de manera inmediata puede llevar a un tipo de cambio extremadamente elevado y desatar una espiral inflacionaria peligrosa”. 

Y agrega: “En el marco de un plan integral, planteamos la posibilidad de establecer un régimen transitorio con 2 alternativas: desdoblamiento formal, que implica establecer de manera transitoria 2 tipos de cambios oficiales, definiendo qué actividades y flujos pueden acceder a cada una de las cotizaciones; o unificación con aumento de retenciones, para evitar la existencia de más de un valor para las divisas, pero distribuyendo por la vía tributaria parte de los costos y beneficios”.

Salarios: paritarias libres, piso salarial mínimo y asignaciones familiares

En un espacio organizado por Telefe para que los candidatos expusieran sus propuestas sobre diversas temáticas, Massa brindó algunas ideas vinculadas a los salarios. “Lo primero que tenemos que hacer es garantizar las paritarias libres”, señaló, como respuesta a quienes, según él, quieren eliminar las paritarias. Luego, agregó: “Establecer un piso salarial mínimo, que no sea sólo el Salario Mínimo Vital y Móvil, sino también un piso salarial mínimo para los trabajadores en actividad con suma fija”.

Sobre esto último, Chequeado consultó a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma: “Los salarios mínimos sectoriales son algo que existía en las rondas de negociación colectiva de los ’70. En algunos convenios actuales se utilizan, por ejemplo, en el gremio de los metalúrgicos tenés el ingreso mínimo global de referencia. En otras actividades también. Se pone un piso, independientemente de la escala salarial, y se garantiza que ningún trabajador del sector va a cobrar menos que esa plata. Es algo que existe y lo que intenta es subir un poco los pisos convencionales”, explicó el especialista.

Como se detalla en esta nota, los salarios sufrieron una caída del 5,2% en lo que va de la gestión actual (a junio de 2023, último dato disponible), con un fuerte descenso de los ingresos de los trabajadores informales (24,4%). Los datos surgen del Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, el Ministerio de Trabajo relevó que los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 1,2% real en la actual gestión (en relación con 2019), pero muestran una baja del 19,3% en relación con diciembre de 2015, al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Por último, Massa habló de “mejorar las asignaciones familiares para garantizar que el complemento de la inversión que hace el Estado sea lo más fuerte posible en el ingreso del trabajador”. El monto de estas asignaciones depende de los ingresos de los trabajadores (y del grupo familiar) y de la ubicación geográfica.

Seguridad: videovigilancia para combatir el delito y control de las fronteras por el narcotráfico

En el mismo fragmento emitido por Telefe, Massa expuso sobre seguridad. Destacó la baja del delito en Tigre durante su gestión como intendente y señaló: “Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en Tigre en cada ciudad del país: sistema de cámaras, sistema de satélites, sistemas de seguimiento a todo lo que es el delito a través del uso de la tecnología en prevención”. Y agregó: “En paralelo, en la lucha contra el narcotráfico, sistemas satelitales y drones en la frontera”.

“En realidad, es la política que ya se viene aplicando en todo el país, en ciudades grandes y medianas, desde hace 15 o 20 años, y esto es cada vez más intenso. Todas las ciudades tienen un montón de cámaras, dependiendo de los recursos de cada uno de los distritos. Pero es casi una política de Estado que atravesó las últimas gestiones, y en ese sentido nada de lo que proponen los 3 candidatos se diferencia de lo que ya se viene haciendo”, explicó a Chequeado Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El especialista agregó que hay un “abandono de lo que se conoce como ‘prevención social del delito’”, es decir, “las causas sociales que llevan a las personas a cometer delitos”, y “la prevención se entiende sólo como la disuasión”, por lo que “prevenir el delito pasa a ser únicamente poner cada vez más policías y cámaras en las calles. Y eso se ha vuelto un sentido común en la política”.

Y concluyó que “en la Argentina no hay ninguna evidencia sobre la relación costo-beneficio de estos sistemas”, ya que hay delitos que han bajado (homicidios) y otros que han crecido (delitos contra la propiedad), pero en nuestro país “las políticas de seguridad no se evalúan”. 

El sistema integrado de salud, un debate que suma un nuevo capítulo

La plataforma de Unión por la Patria menciona la necesidad de “crear un sistema de salud integrado”, aunque no profundiza sobre este concepto.

Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán (Frente de Todos) y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, explicó en una entrevista algunos detalles de la propuesta. “La idea es fortalecer el sistema de salud, mejorar la rectoría desde el Gobierno nacional, apostar a un recurso humano en salud mejor pagado y con otros tiempos de capacitación”, señaló, a la vez que destacó la necesidad de fortalecer “la integración del sistema, que no significa dejar de tener un sistema mixto”. Y, si bien destacó que el actual sistema es “robusto”, reconoció que es “fraccionado, fragmentado, con problemas de financiamiento e inequidades”.

Durante la pandemia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había instalado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de salud para “ir a un sistema integrado entre los 3 subsistemas que existen”: el público, el privado y el de las obras sociales sindicales.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, hay casi 20 millones de personas que se atienden exclusivamente en hospitales públicos. Por otro lado, alrededor de 27 millones de personas integran el universo de las obras sociales, que incluye a las obras sociales nacionales, las provinciales y el PAMI, la obra social de los jubilados. Por último, hay 6,7 millones de personas que cuentan con cobertura de medicina prepaga. La suma de los universos arroja un resultado superior a la población argentina. Esto se explica, según el Ministerio, por la cantidad de personas que poseen 2 o más coberturas en simultáneo.

“Tanto la descentralización provincial-municipal en el sistema público como la multiplicidad de obras sociales de diferente tamaño y capacidad de resolución en el sector de los seguros sociales conllevan una enorme necesidad de coordinación. Su ausencia tiene costosas implicancias en términos de eficiencia en el uso de recursos, y ataca los principios básicos de equidad en el acceso a la salud”, destaca un informe elaborado por Daniel Maceira, investigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).